La Federación Internacional de Contadores define al fraude como un acto intencional por una o más personas de entre la administración, los encargados del gobierno corporativo, empleados o terceros, que implique el uso de engaño para obtener una ventaja injusta o ilegal. Éste se puede detectar por errores en los estados financieros, pero hay que diferenciarlo de una equivocación en el armado del informe. El factor distintivo será si la acción fundamental que produce el error es intencional o no.
Hay tres grandes categorías de fraude:
De acuerdo con la ACFE, el 47% de los casos de fraude se trata de malversación de activos, que puede implicar el desfalco de ingresos, robo de activos físicos o propiedad intelectual, el pago por bienes y servicios no recibidos o el uso de activos de una entidad para uso personal. El 12% son de corrupción y el 32% de las ocurrencias implican tanto la malversación como la corrupción. Tan solo el 1% de los casos corresponden a fraudes de estados financieros.
No obstante, a pesar de ser los menos frecuentes, los fraudes de estados financieros implican una pérdida promedio de US$ 593.000; mientras que los que resultan de una malversación de activos, US$ 100.000.
En Latinoamérica y el Caribe, la mayor cantidad de casos de fraude se da a través de corrupción (59%) y fraudes de estados financieros (17%).
Marcelo Pinto, Socio de Advisory Services de Grant Thornton Argentina, destaca que esta situación coincide con el reciente informe de Transparencia Internacional sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022, que consigna sobre América Latina que “la falta de acciones audaces y firmes para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas está alimentando a las actividades delictivas organizadas, socavando la democracia y a los derechos humanos y amenazando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)".
El fraude suele ocurrir cuando el perpetrador está presionado, detecta la oportunidad y le encuentra un justificativo que le suena razonable. Estos tres elementos forman parte del “triángulo del fraude”, un modelo que explica los factores que llevan a las personas a cometer un fraude laboral.
La presión usualmente es el motivo y suele ser económico. La persona percibe una necesidad económica tanto personal como laboral y comienza a considerar llevar a cabo el acto.
La oportunidad va a definir el modo en que cometerá el ilícito. La persona ve una forma sencilla de abusar de la confianza para resolver sus conflictos con una baja percepción de riesgo de ser descubierto. La forma elegida será aquella que le permita resolver su problema en secreto, ya que tiene un estatus o reputación que mantener.
Por último, la racionalización es un componente decisivo a la hora de cometer el fraude ya que quien lo realiza debe buscar la forma de reconciliarse. Al ser personas que se ven a sí mismos como "normales" y honestar, buscarán una exculpación que sea aceptable y decente.
Las industrias que presentan más casos de fraude son Banca, Gobierno, Manufactura, Salud y Energía. Pinto destaca que “estos datos guardan consistencia con el segundo factor del triángulo del Fraude vinculado con la oportunidad de cometer el ilícito y evadir sus consecuencias con baja probabilidad de detección (generación de exacciones indebidas a través de estafas electrónicas)”.
Por su parte, Alejandro Chiappe -socio de Advisory Services de Grant Thornton Argentina- remarca que se trata principalmente de "empresas o individuos que potencialmente tienen alguna capacidad de recuperar todo o parte de lo perdido directa o indirectamente a través de coberturas de seguros. Esto diluye el efecto del delito ante la comunidad invisibilizando el daño directo".
La detección temprana del fraude es importante no solo porque reduce significativamente el impacto que éste pueda tener tanto a nivel económico como reputacional de la empresa, sino que también va a desalentar futuras acciones fraudulentas.
Para poder lograrlo hay que prestar atención a las diferentes señales de alerta o red flags. Éstas se pueden detectar tanto sobre la persona que comete el acto, como sobre la información financiera:
Red flags financieras:
Red flags del personal:
También existen las red flags de recursos humanos, éstas se relacionan con el vínculo empresa-empleado. Muchos casos de fraude suceden cuando la persona no está conforme con las condiciones o el ambiente laboral. El descontento puede deberse a un aumento de sueldo o puesto rechazado, recorte de sueldo o beneficios, temor a la pérdida del empleo o el aviso de despido ya fue entregado y está próximo a ser desvinculado.
Cabe destacar, que la detección de estas señales de alerta es tan importante como las acciones que se realicen luego de la identificación. En este sentido, Pinto remarca que las red flags deben formar parte de un sistema dentro de las organizaciones que permita no sólo identificarlas (ya que no siempre implica la existencia de fraude), sino clasificarlas, analizarlas y que devengan en recursos disparadores de un esquema amplio de controles, como puede ser el uso de indicadores de fraude (KFI, por sus siglas en inglés). Pero “para que dicho sistema resulte efectivo, es imprescindible propender a una cultura de lucha contra el fraude en toda la organización”, sostiene.
"Complementariamente, las líneas de denuncia anónima sirven como un elemento más de investigación y de contención de estos comportamientos negativos en la organización", agrega Chiappe.
De acuerdo con la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 240, emitida por la Junta Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento (IAASB), el auditor debe identificar y evaluar los riesgos de errores de importancia relativa en los estados financieros, obteniendo suficiente evidencia para diseñar e implementar los procedimientos necesarios y responder adecuadamente.
Cuando el auditor lleva adelante una auditoría, si encuentra un error en los estados financieros deberá determinar si este corresponde a un accidente involuntario o a un fraude. Para ello, puede guiarse por la “pericia del perpetrador, frecuencia y extensión de la manipulación, grado de colusión implicado, el tamaño relativo de las cantidades individuales manipuladas, y la antigüedad de los involucrados”, además de su experiencia para detectar aquellos aspectos que son más propensos a tener errores de importancia relativa debida a fraude.
En el caso de detectar errores compatibles con el fraude, el auditor no va a hacer consideraciones legales, sino que se limitará a comunicarlo a quienes tengan la responsabilidad principal de la prevención y detección de fraude.
Dado que esta tarea corresponde a la administración y al gobierno corporativo de una compañía, si el auditor ha identificado o sospecha que éstos pueden estar implicados, deberá determinar si hay una responsabilidad de reportarlo a una parte fuera de la entidad. Y aunque el deber profesional de confidencialidad puede impedir este reporte, las responsabilidades legales del auditor pueden sobrepasarlo.
Los expertos de Grant Thornton coinciden en que estar atentos a la aparición de indicios de fraude no es solo una responsabilidad profesional en el ejercicio de las funciones como auditores o consultores, sino además una cuestión de actitud frente al desarrollo de las actividades en las que se participa como empleadores, empleados, clientes, proveedores, consumidores, etc. El respeto por los valores éticos y el comportamiento y actitud de los líderes es crítico tanto a nivel interno de la empresa o institución como en su integración en el entorno social en el que opera.
Si te gustaría recibir asesoramiento en la prevención del fraude o conocer más sobre el tema, comunicate con nosotros.
